Doce diputados legisladores solicitaron información sobre hechos ocurridos entre 2020 y 2023, en línea con el compromiso del gobernador Marcelo Orrego de revisar el estado financiero provincial.

El análisis de los litigios judiciales que enfrentó la Provincia de San Juan entre 2020 y 2023, así como el impacto económico de las sentencias que obligaron al Estado a pagar indemnizaciones, figura entre los puntos centrales de una serie de pedidos de informe presentados por el interbloque Cambia San Juan en la Cámara de Diputados provincial. La iniciativa busca auditar la gestión del exgobernador Sergio Uñac y responde al compromiso asumido por el actual mandatario, Marcelo Orrego, de revisar el estado financiero recibido y asegurar la eficiencia en el uso de los recursos públicos.

La solicitud de informes fue firmada por 12 diputados oficialistas: María Rita Lascano, Juan de la Cruz Córdoba, Alejandra Leonardo, Marcela Quiroga, Mónica González, Daniel Ripoll, Carlos Jaime, Gustavo Núñez, Andrés Castro, Rosana Luque, Gustavo Usín y Enzo Cornejo. Todos ellos integran el bloque que respalda la actual gestión provincial y los pedidos se centran en dos ejes principales: la ejecución y financiamiento del Acueducto Gran Tulum y las demandas judiciales contra la provincia en el periodo mencionado. Además, incluyen requerimientos sobre contrataciones directas de empresas proveedoras del Estado, obras públicas y adquisición de medicamentos, ante posibles inconsistencias administrativas o legales.

El diputado Juan de la Cruz Córdoba, uno de los impulsores de la medida, explicó a Diario de Cuyo que el interbloque analizó diversas situaciones que surgieron en la prensa y consideró necesario solicitar información adicional a algunos ministerios. “Elaboramos cuatro pedidos de informe. Estos pedidos los analizamos a fondo, y en virtud de eso decidimos presentarlos formalmente en la Cámara”, afirmó Córdoba.

Uno de los temas que más inquieta a los legisladores es el del Acueducto Gran Tulum, tanto por el estado de la obra como por su financiamiento. El documento presentado en la Cámara de Diputados señala que la obra cobró relevancia pública debido a cuestionamientos sobre la calidad de los materiales utilizados y los procedimientos aplicados. Córdoba advirtió que se realizaron manifestaciones públicas sobre obras mal ejecutadas, uso de materiales inadecuados y procedimientos que no se habrían ajustado a las normas. Además, algunos informes periodísticos mencionaron la compra de caños sin certificación de calidad.

El pedido de informe solicita explicaciones técnicas sobre los caños y piezas especiales empleados, así como los motivos por los que gran parte de la obra se realizó con cañería de PEAD (Polietileno de Alta Densidad). También requiere que se detallen los inconvenientes surgidos y los montos de los perjuicios económicos, en caso de que existan.

Fuente: Infobae