El juez Casanello citó a indagatoria a dos funcionarios de Casa Rosada que recibían dinero del empresario Martínez Sosa, el amigo de Alberto Fernández. Los diálogos entre la secretaria María Cantero y el intendente de la quinta de Olivos

Luego de un año y medio de investigación, la Justicia dio por probado que en la maniobra de los Seguros que terminó con el procesamiento de Alberto Fernández y otras 30 personas se pagaron coimas. Un ex funcionario de Nación Seguros, Mauro Tanos, promovido por el actual gobierno y luego echado por el escándalo, está acusado de haber recibido sobornos millonarios a través de un sistema de cooperativas. Con ese dinero, compró propiedades, autos, viajes, y hasta plateas en el estadio de River Plate. También quedaron en la mira dos ex funcionarios de Casa Rosada que habrían recibido fajos de dinero. Las pruebas aparecieron en el teléfono de María Cantero, la histórica secretaria del ex presidente.

El nombre de Tanos surgió al comienzo de la causa a partir de un allanamiento en la “sede” de la empresa San Ignacio, una de las beneficiadas por la póliza de la ANSES. Cuando la Policía llegó al lugar, apareció un abogado y entregó dos cajas repletas de documentación. Los efectivos sospecharon de la maniobra, siguieron el auto, y terminaron en la casa de un empresario, Alfredo Del Corro, donde había dos camionetas Jeep Commander. Una de ellas, tenía una cédula azul a favor de Tanos. Era solo el comienzo.

Ese mismo empresario le pagó un viaje de Tanos, junto a toda su familia, a Miami y canceló varias cuotas de un departamento, en pozo, en El Salvador al 4300. Cuando declararon ante la Justicia, ambos afirmaron que eran “préstamos” por su relación de amistad.

La Justicia probó que el dinero entregado a Tanos eran coimas por los contratos con el Estado. Lo más llamativo es que todo se hizo en blanco, por transferencias bancarias, utilizando un grupo de cooperativas como intermediarias.

Solo la cooperativa, “7 de Mayo”, recibió un total de $376.928.239 de varias aseguradoras. De ese total, casi $239 millones provenían de San Ignacio, la empresa puesta a dedo en la póliza de la ANSES por un ex funcionario, Federico D’Angelo Campos.

Los dueños de San Ignacio argumentaron que las transferencias estaban motivadas en supuestos servicios de catering. Pero no pudieron aportar ni una sola prueba de esos eventos.

Entre los que habrían pagado los sobornos mediante ese mismo mecanismo también se destaca la empresa San Cristóbal, también involucrada en la póliza de la ANSES, y el empresario Diego Nicolás Rosendi, procesado por los delitos de cohecho activo, defraudación y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. “Se ha comprobado que las cooperativas eran un eslabón central de esa ingeniería y cumplían la función de ocultar el verdadero origen del dinero y hacerlo circular en el mercado para poder darle distintos usos”, sostuvo Casanello en la resolución conocida este jueves.

Fuente: Infobae