La nueva normativa habla del “niño por nacer” y no de “persona gestante” como así tampoco menciona la palabra “niña” en el apartado del proyecto. Además sólo se menciona a la “violencia contra las mujeres” obviando al resto de las identidades

El proyecto de Ley Ómnibus, que complementa el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 que desregula la economía y fue publicado la semana pasada en el Boletín Oficial, incluye dos secciones que impulsan modificaciones en la ley de Capacitación Obligatoria en la Temática de Género y Violencia Contra las Mujeres (Ley Micaela) como así también en la ley de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia, conocida como Ley 1000 días.

La reforma de la Ley N° 27.611 (también conocida como Plan de los Mil Días) identifica, en su objeto, “el de fortalecer el cuidado integral de la salud de las madres en situación de vulnerabilidad y de los niños desde el momento de su concepción hasta los tres años; con el fin de reducir la morbimortalidad materno e infantil, la malnutrición y desnutrición, la protección y estimulación de los vínculos tempranos, y el desarrollo físico y emocional”. Además se enfoca en la detección y “asistencia a la madre embarazada y su hijo por nacer” como así también “el acompañamiento familiar y fortalecimiento de la primera infancia”.

La propuesta del gobierno plantea una reestructuración en la autoridad de aplicación. Mientras que la ley actual designa al Ministerio de Salud como autoridad de aplicación, la iniciativa gubernamental sugiere transferir esta responsabilidad a la Secretaría de Niñez y Familia del Ministerio de Capital Humano “o al organismo que esta designe”.

Además el Gobierno de Javier Milei planteó sustituir el artículo 1 de la Ley 27499 en el cual se designaba a todas aquellas personas “que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación” para establecer la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres.

En su lugar, el oficialismo apuntó a que la implementación de la Ley Micaela recaería solo “en las personas que se desempeñen en la función pública en los organismos competentes en la materia” o sea en la flamante Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género -que aún no tiene un responsable designado ni se aprobó la estructura del nivel inferior- que depende directamente del Ministerio de Capital Humano, bajo las órdenes de Sandra Pettovello.

Fuente: Infobae