El ex secretario de la Economía Social otorgó este beneficio a las organizaciones La Patriada y la Federación de Cooperativas Evita LTDA. “Era ‘juez y parte’”, afirma la presentación judicial realizada por el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello

El gobierno de Javier Milei denunció a Emilio Pérsico, líder del Movimiento Evita y ex funcionario de Alberto Fernández en el entonces Ministerio de Desarrollo Social, por autorizar subsidios por $473.347.050 a través de seis expedientes a dos cooperativas de las que él formó parte: La Patriada y la Federación de Cooperativas Evita LTDA. Se lo acusa de los presuntos delitos de “fraude a la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”.

La denuncia está basada en una auditoría interna que el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, realizó sobre el Potenciar Trabajo, programa que administraba a discreción desde la Secretaría de Economía Social. También en un dictamen de la Oficina Anticorrupción (OA) que determinó a Pérsico violó la “Ley de Ética Pública”, al autorizar millonarios convenios a favor de organizaciones de las cuales él había formado poco antes de asumir la función pública.

Tanto fue así que la Oficina Anticorrupción, bajo la administración del propio Fernández, le prohibió que lo siga haciendo y que delegue la firma a otro funcionario. Así lo hizo. Las autorizaciones recayeron en la lapicera de Ramona Fernanda Miño, dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), que se referencia en Juan Grabois, y por entonces Secretaria de Integración Socio Urbana. Fue esa ex funcionaria la que siguió firmando por Pérsico los convenios con la Federación de Cooperativas de Trabajo Evita LTDA, de la cual Pérsico fue su presidente; y la cooperativa La Patriada, de la cual fue directivo.

Un comunicado oficial del Ministerio de Capital Humano afirma que denunciaron a Pérsico ante la justicia federal después de tomar “conocimiento reciente, y luego de realizar distintas investigaciones y auditorías en el marco de la política anticorrupción de presente gobierno, de la condena firme (sic) existente en la Oficina Anticorrupción impuesta durante los primeros días el mes de diciembre de 2023″.

Fuente: Infobae