El Gobierno que protege a los diputados que visitaron a los genocidas en la cárcel sumó otro ítem a su currículum negacionista: dispuso el vaciamiento de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, el organismo que se encarga de localizar a los bebés robados durante el terrorismo de Estado.

Desde hace meses, el Gobierno viene gestando una embestida contra el organismo. El Ministerio de Defensa fue el primero en anunciar que no iba a mandar documentación a la Conadi. Organizaciones que defienden a condenados por lesa humanidad celebraron la decisión en redes sociales. En mayo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se plegó a la maniobra y descalificó la labor de la Conadi, diciendo que se trataba de un organismo militante.

En junio, Florencia Zicavo, jefa de gabinete de Mariano Cúneo Libarona en el Ministerio de Justicia, redactó un proyecto de decreto para sacarle a la Conadi las facultades que tenía desde hace 20 años: las de investigar y acceder a los archivos estatales. A esa embestida, se sumó la decisión de correr a Claudia Carlotto de la dirección del organismo.

Este miércoles, el gobierno derogó el decreto 715/2004 de Kirchner y, de esa forma, cerró la UEI de la Conadi. El argumento es que el Poder Ejecutivo no puede llevar adelante investigaciones, que deberían ser conducidas por el Ministerio Público Fiscal (MPF). “No puede legitimarse que un órgano establecido por decreto desempeñe funciones que el texto constitucional y, concordantemente con éste, el legislador asigna a órganos específicos del Estado nacional en el marco del diseño institucional definido por la Ley Fundamental”, dice el decreto 727/2024.

Fuente: Pagina 12