«Venimos a interponer formal recurso de apelación contra la sentencia de fecha 4/1/2024 que fue notificada a esta parte en igual fecha, por causar agravio irreparable al Estado Nacional», indicó el procurador del Tesoro de la Nación, Rodolfo Barra.

El Gobierno apeló este lunes el fallo de un juez de primera instancia del fuero Contencioso Administrativo Federal que habilitó la feria judicial para que se traten por separado los amparos contra el DNU que desregula la economía y calificó esa resolución como generadora de «gravedad institucional, escándalo e inseguridad jurídica» y causante de «agravio irreparable al Estado».

«Venimos a interponer formal recurso de apelación contra la sentencia de fecha 4/1/2024 que fue notificada a esta parte en igual fecha, por causar agravio irreparable al Estado Nacional», indica la apelación presentada por los abogados del Gobierno, dirigidos por el procurador del Tesoro de la Nación, Rodolfo Barra. Para el Ejecutivo, la decisión del juez en lo Contencioso Administrativo Federal Enrique Lavié Pico de habilitar la semana pasada la feria para que se revise el DNU impulsado por el presidente Javier Milei generó «urgencia, gravedad institucional y escándalo e inseguridad jurídica».

«El juez de feria en lo Contencioso Administrativo ha resuelto, por fuera de los límites de su jurisdicción, en contraposición a las normas procesales y al procedimiento reglado en la Acordada 12/2016, generando un estado de inseguridad jurídica. Así afectó el derecho de defensa de esta parte y el debido proceso», sostiene la presentación oficial.

El Gobierno también remarcó que si la Cámara de Apelaciones «no hiciera lugar a la apelación de esta representación, se mantiene la cuestión federal y la reserva de ocurrir oportunamente ante la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación». En representación del Estado Nacional, los abogados Carolina Soledad Maidana y Rodolfo Aguirre argumentaron además en un documento de 56 páginas que la revisión del DNU tras la cautelar de la Cámara Nacional del Trabajo -referida al capítulo laboral del instrumento- «genera un retroceso y un perjuicio enorme a los intereses de la población».

Fuente: Télam